El PSOE urge medidas al Gobierno para evitar repercusiones de las desigualdades laborales en las pensiones de las mujeres
jueves, 5 de abril de 2018
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  • Olivia Delgado asegura que la desigualdad es manifiesta “en todos los ámbitos de la sociedad” y subraya que desde que gobierna Mariano Rajoy la brecha entre hombres y mujeres -tanto en los salarios como en el acceso, mantenimiento, promoción y calidad del empleo- es “alarmante” y tiene además un grave impacto en las pensiones de las mujeres.

  • Por ello, los socialistas reclaman al Ejecutivo la derogación de la reforma laboral, que aborde una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial que lo convierta en una opción voluntaria, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, que se reconozca a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización a la SS por cada hijo nacido o adoptado a efectos del cálculo de pensiones, y que actualice el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la SS y promueva la revisión de sectores feminizados -como los colectivos de camareras de piso y limpiadoras- como actividades susceptibles de ser incluidas como penosas, peligrosas y nocivas, a efectos de jubilación anticipada

La senadora socialista por Tenerife, Olivia Delgado, urgirá al Gobierno la puesta en marcha de una serie de medidas para evitar repercusiones de las desigualdades laborales en las pensiones de las mujeres. “La desigualdad, asegura la senadora, es manifiesta en todos los ámbitos de la sociedad” y subraya que desde que gobierna Mariano Rajoy la brecha entre hombres y mujeres -tanto en los salarios como en el acceso, mantenimiento, promoción y calidad del empleo- es “alarmante” y tiene además un grave impacto en las pensiones de las mujeres.

Por ello, la primera actuación que propone Olivia Delgado, que como las restantes están contenidas en una moción consecuencia de interpelación sobre la que el Pleno del Senado se pronunciará la próxima semana, es instar al Gobierno a derogar la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral y el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, porque supone una fuente de precarización de las condiciones de trabajo y repercute negativamente en la conciliación de la vida familiar y laboral.

Al tiempo, pide al Ejecutivo que, en diálogo con los interlocutores sociales, aborde una nueva regulación del trabajo a tiempo parcial que lo convierta en una opción voluntaria, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas, que evite que permanezca como forma de subempleo, y además reclama que se revisen las normas y prácticas utilizadas para el cálculo de la determinación de la duración de la prestación por desempleo en los contratos temporales parciales para ajustarlos a derecho comunitario sin vulnerar el derecho de igualdad.

Otras de las demandas de la senadora tinerfeña pasan porque se reconozca a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización a la Seguridad Social por cada hijo nacido o adoptado a efectos del cálculo de pensiones, que se incremente el número de efectivos en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y la puesta en marcha, en coordinación con las comunidades autónomas, de planes de actuación orientados a la mejora de las condiciones laborales y a la seguridad en el empleo en sectores especialmente precarizados.

Asimismo, reclama al Gobierno que actualice el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y promueva, a través de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, la revisión de sectores feminizados -como los colectivos de camareras de piso y limpiadoras- al objeto de su recomendación como actividades susceptibles de ser incluidas como especialmente penosas, peligrosas y nocivas, a efectos de jubilación anticipada. Igualmente, pide que se ratifique el Convenio nº 189 de la OIT y la Recomendación nº 201 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos y que se reponga la cotización a la Seguridad Social a cargo de la Administración General del Estado de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia.

Por último, Olivia Delgado reivindica en su moción que se apliquen a las bases reguladoras de las pensiones de viudedad los porcentajes necesarios para el cumplimiento de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social -de manera que se pase del 52% al 60%- garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones públicas del sistema aplicando desde el 1 de enero una subida igual al Índice de Precios de Consumo (IPC), que se incrementen progresivamente las pensiones mínimas para garantizar los parámetros fijados por el Convenio 102 de la OIT, y elevar el umbral de rentas establecido para el acceso a las prestaciones no contributivas y su cuantía.

Las mujeres, las “grandes perjudicadas” de la reforma laboral del PP

Para la senadora del PSOE, las mujeres son las “grandes perjudicadas” de la reforma laboral del Gobierno del Partido Popular, reforma que ha dejado en una situación paupérrima a un millón de trabajadoras -camareras de piso, empleadas del hogar y cuidadoras de dependientes-, y que además supone un incremento de su temporalidad y de su precariedad laboral.

A su juicio, las pensiones de jubilación y de viudedad son las que mejor reflejan la posición de la mujer en el mercado de trabajo y en la estructura social, de acuerdo a esa división del trabajo. “El ejemplo de estos tres colectivos feminizados, asegura Delgado, nos ilustra sobre el papel de la mujer en el trabajo de cuidado y viene a explicar, en cierta medida, que de los casi 5,7 millones de pensionistas con pensiones contributivas por jubilación, solo haya 2 millones de mujeres frente a 3,6 millones de hombres, y en el caso de las pensiones de viudedad, el 91,95 % de las personas perceptoras son mujeres”.

Asimismo, Olivia Delgado denuncia el reiterado incumplimiento del Ejecutivo del PP desde el año 2012 en la subida del porcentaje a aplicar a las bases reguladoras de las pensiones de viudedad y critica la revalorización del 0,25%, ya que los precios han crecido por encima del 1%, lo que ha supuesto “una merma significativa” del poder de compra de los pensionistas.