16 Nov El PSOE Tenerife teme que el Cabildo frene las políticas contra los vertidos ilegales en las costas
- El PSOE Tenerife denuncia que el Gobierno de Rosa Dávila ha restado un millón de euros al presupuesto del Consejo Insular de Aguas que estaba destinado al capítulo de inversiones.
- El consejero Javier Rodríguez preguntará a la consejera insular del Área de Medio Ambiente, Blanca Pérez, por la razón de este recorte presupuestario y por sus políticas en materia de saneamiento.
El PSOE Tenerife teme que el nuevo grupo de Gobierno del Cabildo de Tenerife inicie la senda de frenar las políticas en contra de los vertidos ilegales en las costas de la isla. Este temor viene fundado por la ‘desaparición’ de un millón de euros en el presupuesto del Consejo Insular de Aguas destinado precisamente al capítulo de inversiones.
El consejero socialista Javier Rodríguez preguntara este jueves por este asunto a la consejera insular del Área de Medio Natural Blanca Delia Pérez, en la Comisión Plenaria que trata esta temática.
El pasado miércoles 25 de octubre, en el seno de la junta de gobierno y junta general del Consejo Insular de Aguas, se aprobó el presupuesto para el año 2024 del Organismo Autónomo. Sin embargo, pocos días después, en el Consejo de Gobierno Insular del martes 31 de octubre se redujo el presupuesto del organismo en 1 millón de euros dándolos de baja del capítulo VI.
“Justamente reducen este millón de euros en el capítulo de inversiones, lo que supone un despropósito debido a la imperiosa necesidad que tiene la isla de resolver de una vez por todos los problemas de vertidos ilegales al mar que se llevan produciendo durante décadas”, insiste Javier Rodríguez.
El PSOE Tenerife recuerda que Canarias es la región de Europa con mayores sanciones por no tratar de forma adecuada las aguas residuales y que Tenerife era uno de los ejemplos más ilustrativos con vertidos ilegales y emisarios submarinos sin control.
Ante esta realidad, el gobierno socialista en el Cabildo, bajo la presidencia de Pedro Martín, inició una serie de acciones y logró firmar, en julio de 2020, un convenio con la empresa pública Acuaes. El convenio suponía una inversión de 170 millones de euros, con los que se pusieron en marcha cinco sistemas de saneamiento y de depuración en la isla.
“Con este esfuerzo se consiguió poner en primera línea la acción política de tratamiento de aguas residuales para solucionar los problemas de vertidos. La sorpresa ahora es que este grupo de Gobierno lo primero que hace es reducir el presupuesto, lo que nos hace temer que se produzca un parón importante en estas políticas que puedan generar nuevas sanciones europeas”, explica el consejero Javier Rodríguez.